domingo, 19 de julio de 2009

ARGENTINA: URGENTE, FIRME EL PETITORIO EN APOYO A LOS DELEGADOS Y TRABAJADORES METALURGICOS DE CAMPANA

Los abajo firmantes rechazamos cualquier intento de cercenar la libertad sindical sancionando a delegados y trabajadores de base, por parte de la directiva de la UOM seccional Campana.

En momentos en que Techint busca descargar la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones y rebaja salarial, atacando sus condiciones de vida, es más que preocupante esta actitud de la directiva de la UOM Campana.

Cuando es más necesaria que nunca la unidad del conjunto de los trabajadores, la pluralidad de opiniones nos da la posibilidad de llegar a desarrollar un verdadero plan de lucha para pararles la mano a los empresarios que quieren descargar la crisis sobre nuestras espaldas.

No puede ser que compañeros de base que quieren aportar, para defender los intereses de los trabajadores, dando la discusión para que haya una verdadera democracia sindical, sean cuestionado por la directiva de la UOM Campana.

Pero el elemento más cuestionable es que el sindicato intenta sancionar a un delegado de base, que en estos momentos enfrenta 2 juicios de desafuero por parte la empresa Siderca de la familia de los Rocca y el grupo Techint

Nombre y apellido, Organización y Nº Documento:

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Alguna de las firmas con las que ya cuenta:

Eduardo Macaluse (Diputado Nacional)
Silvia Benincasa (secretaria del diputado Macaluse)
Raúl Alberto Puy (Legislador C.A.B.A)
Nora Cortiñas (Madres Linea Fundadora)
Graciela Muñiz (Defensora Adjunta del Pueblo, C.A.B.A.)
Carina Maloberti (ATE) Secretaria de Organización.
Jorge Aicardi (ATE-Capital)
Hernán Vazquez, secretario de Comunicaciones de ATE Capital
Norberto Señor (Secretario Gral. ATE-Sur, Lomas de Zamora)
Rossana Vergara (Secretaria de Organización ATE-Sur, Lomas de Zamora)
Juan Anzorena (Secretario de Finanzas ATE-Brown)
Gustavo Lerer (J.I.Htal Garrahan)
Manuel Gutiérrez (Secretario Gral de Ademys)
Jorge Arnau (Delegado de Interna Defensoría del Pueblo, CABA)

ARGENTINA: Gripe A: enfermeros en riesgo

Dos enfermeras atienden a una paciente tratada por la gripe en Ciudad de México.Foto: efe

La Agrupación de Enfermería 21 de Noviembre elevó una carta al min
istro de Salud de la Nación denunciando la muerte de dos profesionales de la salud por la pandemia y el contagio de al menos el 50% de todos los trabajadores del área. Sólo en el Hospital Alejandro Posadas, aseguran, hay 100 enfermeros que padecen el virus influenza A (H1N1).

Por ello están convocando a una marcha que se realizará en Buenos Aires el miércoles próximo.
La nota elevada y la preocupación sobre la salud de las personas encargadas de atender a pacientes de Gripe A, tiene el acompañamiento de profesionales enfermeros de Comodoro Rivadavia.
Horacio Navarro, de ATE Comodoro, señaló a través de un comunicado que "la preocupación que tenemos en el Hospital Regional es común a los enfermeros del todo el país, aquí se intenta hacer creer a la comunidad que nos queremos aprovechar de una situación cuando en realidad están soslayando una situación difícil que se multiplicó en estos días".
El reclamo de los enfermeros a nivel nacional incluye: condiciones de trabajo seguras, Nombramientos y recomposición salarial, Cobertura por ART a los trabajadores de salud enfermos y fallecidos por gripe A.

La nota

Dirigida al dr. Juan Manzur, los enfermeros nucleados en la Agrupación 21 de Noviembre, destaca el rol que vienen cumpliendo en los centros asistenciales hospitales, clínicas y demás efectores de salud.
Lamentan la falta de contacto con las asociaciones y gremios que nuclean a quienes están "en la trinchera de cada día" atendiendo cada una de las situaciones que presentan.
La misma Presidente de la Nación reconoció que Enfermería es un recurso crítico dentro del sistema de salud, pero "desde el Estado no se atienden las particularidades del ejercicio profesional, y ya contamos colegas fallecidas, trabajadoras de diferentes hospitales y colegas enfermeras internadas en Terapia Intensiva con grave pronóstico".
En la nota elevada al Ministro se comenta que "unos 100 enfermeros del Hospital Alejandro Posadas están enfermos por la Influenza A, muchos de ellos complicados por Neumonías".
Por ello, solicitan se tomen "urgentes medidas para evitar una tragedia entre los trabajadores de la salud y sobre todo entre las enfermeras y enfermeros. Las leyes laborales son claras en cuanto a la protección de los trabajadores y en cuanto a la obligatoriedad del empleador sobre la preservación de la salud laboral, además de las malas condiciones en que desarrollan su trabajo".

La enfermería

Las enfermeras fallecidas son Paula Ayala del Hospital Evita Pueblo de Berazategui y Patricia Baldaño del Hospital María Ferrer de Buenos Aires.
La enfermería es una profesión irremplazable que cuida al ser humano en todas las etapas biológicas y en todas situaciones personales y sociales. La intervención en los ámbitos hospitalarios asistenciales para verificar la salubridad del ambiente de trabajo, y el control de los elementos de bioseguridad, permitirá mejorar no solamente su calidad de vida sino la de los habitantes.
Por ello solicitan que "se dispongan los fondos necesarios para afrontar el nombramiento de enfermeros en todo el país, cualquiera sea su jurisdicción y teniendo en cuenta el déficit histórico de personal.
"Se pague con carácter excepcional y mientras dure la Emergencia Sanitaria, el máximo porcentaje adicional por Insalubridad del 40% del salario básico a todos los enfermeros que estén en la atención directa de los pacientes afectados por la Influenza A H1N1.
Crear o incorporar Comités de Crisis con la participación de los Trabajadores.
Se reconozca como enfermedad profesional a la Influenza A H1N1 entre los trabajadores enfermeros y demás trabajadores que atiendan a los pacientes en todas las jurisdicciones del país.
Que las ART asuman el tratamiento de los colegas enfermeros enfermos, haciéndose cargo por completo de los mismos.
Se regule la provisión a los trabajadores enfermeros de ropa de trabajo dentro de las instituciones.


FUENTE: www.diariocronica.com.ar

Comodoro Rivadavia - Chubut

Se agrava situación de la niñez y las mujeres en Estados Unidos


FOTO: www.asich.com


Estados Unidos es uno de los mercados principales del tráfico humano en el mundo, particularmente con fines laborales y sexuales, como lo han señalado varias organizaciones particulares.

La grave situación de los niños, adolescentes y mujeres en Estados Unidos ha tenido una tendencia creciente hacia el deterioro, pese a que las administraciones norteamericanas tienden a juzgar las situaciones de otros países y no confrontan su propia realidad, de acuerdo con el análisis de distintas agencias, medios alternativos y organizaciones especializadas.

Según un informe de la organización en defensa de un banco de alimentos, Feeding America (Alimentar América), más de 12 millones de niños están amenazados con el riesgo de una alimentación no adecuada y de hambre en territorio estadounidense. De manera significativa, el estudio concluyó que más de tres millones y medio de niños menores de cinco años se enfrentan al hambre. Esta cifra equivale al 17% (uno de cada seis) de los niños norteamericanos de cinco años y de edad inferior.

Por otro lado, un informe del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. señala que 1,35 millones de estudiantes de secundaria fueron amenazados o resultaron heridos con un arma, al menos una vez dentro de la escuela.

En el sitio web de Zona Pediátrica Staff, se reporta que en la última década, los crímenes por agresión física y sexual han aumentado y en Estados Unidos se reportan más de 80 000 casos al año de abuso sexual a los niños, aunque el número de incidentes que no se reporta es aún mayor, ya que los infantes tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó, y el proceso legal de verificar los informes es difícil. El daño físico y emocional a largo plazo puede ser devastador.

Un análisis de una organización de derechos humanos da cuenta de la situación de cientos de miles de niños que trabajan en condiciones peligrosas y extenuantes en muchos campos en aquel país. El documento indica que las leyes que gobiernan el trabajo infantil en la agricultura son mucho menos estrictas que las relativas a otros sectores de la economía nacional.

Mientras, el Departamento de Educación de EE.UU. reconoció que más de 200 000 alumnos de escuelas públicas recibieron castigos corporales al menos una vez durante el último año escolar. El castigo corporal, que suele consistir en uno o más golpes con una pala de madera en las nalgas del castigado, es legal en las escuelas públicas de 21 estados. Un estudio del 2008 sobre "Una educación violenta", se centra en el castigo corporal en las escuelas de Texas y Mississippi, dos de los estados donde más predomina esta práctica. En el texto se observó que el castigo corporal puede producir graves lesiones y se emplea de manera desproporcionada contra los alumnos negros y de educación especial.

En cuanto a la situación de la mujer, la discriminació n está presente en el mercado laboral y en los lugares de trabajo.

Las mujeres estadounidenses son víctimas de violencia intrafamiliar. De acuerdo con una información de la Organización Nacional para las Mujeres, en aquella nación alrededor de 1 400 féminas son asesinadas a golpes cada año por su pareja. El cálculo anual de mujeres golpeadas en ese país es de entre dos y cuatro millones. Ellas tienen diez posibilidades más de ser agredidas que los hombres. Las mujeres separadas, divorciadas o solteras, así como aquellas de bajos ingresos y las afroamericanas, son víctimas en una medida desproporcionada de ataques y violaciones.

La tasa de violencia intrafamiliar en las familias que viven debajo de la línea de pobreza es cinco veces más alta que en las familias corrientes. Estadísticas muestran que el 37% de las mujeres en EE.UU. recibió tratamiento médico de emergencia debido a manifestaciones de violencia intrafamiliar por lo menos una vez; el 30% de las mujeres en estado de embarazo sufre ataques por parte de sus parejas; el 50% de los hombres estadounidenses ataca con frecuencia a sus esposas e hijos; el 74% de las profesionales sufre violencia por parte de sus colegas. Según un reporte de AP, la violencia familiar se está extendiendo a los lugares de trabajo.

El diario La Opinión, de Los Ángeles, dice que solamente en EE.UU. alrededor de 50 000 víctimas son traídas anualmente para la esclavitud sexual, de las cuales solo en Los Ángeles, sin incluir víctimas en fábricas o servicios domésticos, unas 10 000 mujeres viven retenidas en prostíbulos clandestinos.

En la nación norteña, el 40% de las prostitutas es de origen afroamericano y las afroamericanas son el 12% de la población, advirtió Richard Poulin, profesor titular en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Ottawa, reconocido investigador de los procesos de globalización de la industria del sexo, en una entrevista con el diario argentino Página/12.

Otro estudio publicado por el American Journal of Epidemiology, dice que la edad de fallecimiento promedio de las prostitutas en Estados Unidos es de 34 años. Otros análisis muestran que nueve de cada diez prostitutas anhelan vehementemente dejar su actividad y casi la mitad ha intentado cometer suicidio al menos una vez. (SE) (

NOTA 20 DE JUNIO DE 2009

FUENTE: http://www.granma. cubaweb.cu/ 2009/06/20/ interna/artic01. html

FUENTE: Red NO a la Trata -
- Argentina

CHILE: Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.



La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.
El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".


Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.


Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días
La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad
La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.
Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto
Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ ) es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo
H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email: camiloazar@vtr.net Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Fonos: (56-2) 679 65 00.


Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.
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[Fuente: Julio Oliva García, El Siglo, Nº 1179, 13 de febrero 2004 vía piensachile.com]