PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)
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El gobierno de Fernando Lugo y el PLRA avanza sin pausa en la entrega del país a los intereses privados nacionales y extranjeros. El pasado 22 de julio, los ministros de Hacienda, Dionisio Borda, y de Obras Públicas y Comunicaciones, el liberal Efraín Alegre, anunciaron la “concesión” al “sector privados” de las rutas 1, 2, 6 y parte de la ruta 7. La entrega es por un plazo que ronda los 30 años.
El proyecto de Ley del gobierno será entregado en breve al Congreso. Según explicaron los ministros hay mucha prisa, de tal forma que el próximo año las empresas adjudicadas ya comiencen la explotación de las rutas mencionadas. La “inversión” total que hará el sector privado, según estimaciones del gobierno, será de 450 millones de dólares.
Dionisio Borda, anunció el hecho diciendo: "Esta decisión apunta a la reactivación de la economía nacional y está orientada a estimular y alentar la participación privada en inversiones en el sector de infraestructura vial, bajo la mencionada modalidad de concesión de obras públicas" (ÚH, 23/07/09).
Un jugoso negocio
El Estado, con esta medida, renuncia al cobro de peajes. El proyecto de “concesión” estipula que la empresas cobraran el peaje en las rutas a precio “no menor” a 1 dólar estadounidense. Es decir, están habilitadas a cobrar más que esto.
Según datos periodísticos, por la ruta 1 circulan diariamente alrededor de 5.000 vehículos; por la ruta 2, aproximadamente 12.000 vehículos por día; mientras que en la ruta 6 el tráfico es de 3.000 vehículos diarios. Además, se estima que en todos los casos el crecimiento anual de tráfico será del 3%. Estas cifras sólo pueden dar una muestra de la dimensión del negocio y el dinero que las empresas ganarán y que, por ende, el Estado dejará de recaudar por 30 años.
El gobierno de Lugo, que a lo sumo estará 5 años en el poder, a cambio de obtener algún respiro financiero, algunas migajas para sostener su gobierno, no tuvo el menor escrúpulo para entregar las principales rutas internacionales por tres décadas al capital privado.
¡El patrimonio del pueblo no se toca!
El Partido de los Trabajadores (PT) repudia esta medida por considerarla una entrega del patrimonio público a empresarios privados. Las “concesiones” son formas disfrazadas de privatizar los bienes del Estado; sólo el nombre es distinto.
Exigimos un plan nacional de obras públicas, que genere empleo para los cientos de miles de desempleados. Este plan debe estar centralizado por el Estado y financiado, fundamentalmente, mediante el no pago de la deuda externa e interna, la creación de fuertes impuestos a los sojeros y latifundistas y la utilización de las reservas internacionales que, últimamente, alcanzaron niveles históricos y están guardados en el Banco Central por pedido expreso de los organismos internacionales.
El patrimonio del Estado es del pueblo y de nadie más. El pueblo trabajador movilizado debe imponer este principio.
Comité Ejecutivo Nacional
Asunción, 24 de julio de 2009
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