LA HORA DE LA VERDAD HISTÓRICA EN SANTA FE

Apretados. La causa Quinta de Funes y
Fábrica Militar de Armas se juzgará
desde mañana en una pequeña sala del edificio de Oroño 960.

Llega la luz a la noche más oscura

Comienzan los juicios contra los represores de la dictadura en Santa Fe y Rosario. Dictarían sentencia en diciembre. Critican la falta de espacio en las salas.

Una picardía del calendario, o una casualidad procesal permitió que en Santa Fe comiencen en la misma semana las audiencias de enjuiciamiento a los represores santafesinos que actuaron bajo la impunidad del Estado en los años de plomo. Tras varios años de aportes de pruebas, de allanamientos y testimonios desgarradores se puso, al fin, nombre y apellido a aquellos civiles, ex policías y ex militares que torturaron, secuestraron, mataron y desaparecieron a personas durante el período denominado Proceso de Reorganización Nacional. Fiscales y querellantes consultados por Critica de Santa Fe estiman que a fin de año pueden conocerse las sentencias.

Mañana, a las 9.30, comenzará la primera audiencia oral y pública en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario que juzgará delitos de lesa humanidad registrados en dos causas: “Quinta de Funes” y “Fábrica de Armas”. Las dos tienen como imputados a Pascual Guerrierri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Constanzo, a quienes se les imputa los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física. Las dos van a ser juzgadas en el mismo juicio por economía procesal, ya que contiene al mismo grupo represivo que reportaba al Comando del II Cuerpo del Ejército y al Destacamento de Inteligencia 121. No obstante ello, los acusados tienen pendientes otras imputaciones en causas aún en etapa de instrucción en primera instancia.

La Causa Guerrieri o Quinta de Funes tiene identificada a 22 víctimas, entre ellos a Eduardo Toniolli (ex esposo de la diputada Alicia Gutiérrez), Carlos Laluf, Jaime Dri (protagonista del libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte), Fernando Dussex, Liliana Bruzzone, Edgar “Tucho” Valenzuela y esposa, Raquel Negro.

El expediente “Amelong” o “Fábrica de Armas” tiene siete víctimas: Susana Miranda, Ariel Morandi, Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Antonio Rivero (actual concejal del socialismo), Olga Moyano e Hilda Cardozo.

Entre ambas causas, está previsto que declaren alrededor de 90 testigos.

El Tribunal está formado por los jueces Otmar Paulucci (presidente), Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. El secretario será Osvaldo Facciano y el santafesino José María Escobar Cello será el juez sustituto. Mabel Yolanda Colalongo encabeza la Unidad Fiscal. Las audiencias se desarrollarán en la sede del Tribunal Oral, ubicado en bulevar Oroño 960, los días lunes y martes, adicionando los miércoles semana por medio.

LA CAUSA BRUSA. El martes se inicia el proceso de enjuiciamiento a siete represores santafesinos. La “causa Brusa” –denominada así por tener imputado al ex juez federal santafesino Víctor Brusa– comenzó a escribirse a mediados de 2002, luego de que el juez federal Reinaldo Rodriguez declarara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proceso estuvo teñido por innumerables trabas producto de recusaciones y nulidades. Todos los acusados están presos desde principios de 2005. Además del ex magistrado (que fue el primero en ser destituido por el Consejo de la Magistratura en el año 2000) tiene además como imputados al ex jefe de la Comisaría 4ª de Santa Fe, Mario Facino (varias veces presidente comunal de la localidad de Rincón), a Héctor “el Pollo” Colombini (ex agente de Informaciones de la Policía en la dictadura y subjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas en democracia), a Juan Perizotti (ex jefe de la Guardia de Infantería reforzada), a María Eva Aebi (ex carcelera), a Eduardo “el Curro” Ramos (ex agente de Informaciones de la policía), y a Domingo Marcellini, quien en 1973 egresó como oficial de Inteligencia de la Escuela de las Américas y fue jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Área 212 entre 1975 y 1979, período en el que se cometieron el grueso de los delitos investigados. El ex teniente coronel cursa una grave enfermedad, por lo que es un hecho que su presencia en las audiencias será por medio de una videoconferencia desde su domicilio en la ciudad de Mendoza, donde cumple el arresto. Todos están acusados por los delitos de apremios ilegales, tormentos y privación ilegal de la libertad y son, en total, 15 las víctimas que los identificaron en distintos hechos. Está previsto que declaren al menos 112 testigos. El Tribunal Oral estará conformado por conjueces por la excusación de los miembros titulares. Juzgarán a los imputados Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y el paranaense Roberto López Arango. La jueza suplente será la integrante del Tribunal Oral (TOF) de Paraná Liliana Carnero, y el secretario, César Toledo. La Unidad Fiscal la integran José Candioti y Martín Suárez Faisal. Las audiencias se desarrollarán en el edificio del TOF en la capital santafesina, en la esquina de San Gerónimo y Primera Junta, mientras que en el Juzgado Federal (en 9 de Julio y Monseñor Zaspe) se habilitó una estructura de audio y video para que el público y la prensa sigan el proceso por circuito cerrado.

Salas chicas, críticas grandes. Familiares de víctimas y querellantes han coincidido en cuestionar las pequeñas dimensiones de las salas donde se desarrollarán las audiencias. En Rosario, lamentaron las anémicas gestiones entre el Poder Judicial y la provincia o el municipio para mudar el reducto. El Concejo Municipal ofreció este jueves su edificio, pero demasiado tarde. En Santa Fe, criticaron que las audiencias se realicen en un lugar, mientras que la prensa y el público lo siga desde otro, distante a seis cuadras.

FUENTE: http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=28844