COMUNICADO PÚBLICOA partir del mediodía del 7 de septiembre cerca de 400 personas que acudieron al llamado de la Tercera Declaración de historiadores e historiadoras en apoyo al pueblo mapuche, manifestaron su solidaridad en las calles del centro de Santiago con los presos políticos mapuches que mantienen una huelga de hambre desde el 12 de julio del presente año.
La manifestación se abrió con la lectura que hizo el Dr. Igor Goicovich de la Tercera Declaración de historiadores. Enseguida los historiadores, profesores y estudiantes de Historia, reforzados por la entusiasta presencia de algunos grupos de estudiantes de Enseñanza Media, se dirigieron por la Alameda y el Paseo Ahumada hasta la esquina surponiente de la Plaza de Armas donde se encuentra el monumento a los pueblos originarios. En ese lugar el historiador Pedro Rosas leyó nuevamente la Declaración y la manifestación se cerró con la intervención del Dr. Sergio Grez, quien llamó a los presentes a sumarse a las movilizaciones que los familiares de los presos políticos mapuches tienen programadas para los próximos días.
La manifestación se desarrolló de manera combativa, pero pacífica y ordenada. No se produjeron incidentes y se distribuyeron numerosos ejempares de ls Tercera Declaración de historiadores al público en las calles recorridas por la larga columna de manifestantes.
Grupo de Iniciativa
Santiago, 7 de septiembre de 2010.
Declaración de Cientistas Sociales de la Macrorregión Sur en relación a la huelga de hambre de 34 presos mapuche.
A las comunidades regionales, a la sociedad chilena, al gobierno, al Estado y a los pueblos indígenas:
Los cientistas sociales y académicos de la educación superior de cuatro universidades del sur de Chile, abajo firmantes, deseamos expresar nuestra opinión por la situación que atraviesan desde hace más de 50 días 34 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Temuco, Angol, Lebu, Valdivia y Chol Chol.
Como académicos sensibles y solidarios con las demandas y aspiraciones del pueblo mapuche, así como de la sociedad chilena en general, deseamos manifestar nuestra más profunda preocupación por la vida de estas 34 personas que, a través de una práctica de no violencia activa, solicitan el fin de la aplicación de la ley antiterrorista que en Chile se ha aplicado principalmente a los mapuche; el derecho al debido proceso; la limitación de la justicia militar, entre otras demandas.
Estamos convencidos que la situación actual del pueblo mapuche y sus demandas son ecos de una situación de injusticias históricas así como a la reiterada falta de comprensión intercultural y a la lógica de negación del que ha sido objeto por parte del Estado, de la sociedad chilena y de sus instituciones. Todas las investigaciones que los cientistas sociales llevamos adelante en la macrorregión sur permiten demostrar el modo concreto en que se han llevado adelante estos procesos de negación y subordinación del pueblo mapuche a través de una larga historia de desencuentros.
Asimismo, esta situación sociohistórica se torna mucho más compleja en la medida que el modelo económico predominante no se ajusta o es contrario a las dinámicas específicas de las comunidades indígenas, obligándolas a vivir de un modo marginal y en situación de pobreza estructural, o en su defecto a buscar en la migración la solución particular a esta situación de pobreza endémica. Con esto la sociedad global pierde la oportunidad de que parte de sus habitantes contribuyan al desarrollo democrático y justo de este país.
Desde hace algunas décadas asistimos en estas regiones a un proceso de creciente organización de las comunidades mapuche, lo que permite avizorar nuevos modos de liderazgo y participación política que son esenciales para una superación de la situación de pobreza, así como acontece entre todos los pueblos indígenas de América Latina, y tal como lo reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos suscritos por el Estado Chileno.
Distintas instancias internacionales y nacionales, como la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus órganos de tratados y el recién creado Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, han planteado la necesidad que el Estado chileno reconozca y respete los legítimos derechos de los pueblos indígenas en Chile, así como la necesidad de no criminalizar la protesta social mapuche, como lo demandó el Relator Especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen tras su visita del año 2003.
Por lo mismo, una situación histórica tan compleja como la vivida en estas regiones, en sus dimensiones económicas, políticas y culturales, no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos, como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas.
Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años de vida republicana que se reconozca como un país multicultural. Y en este sentido reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, en particular sus demandas de participación política, consulta y autonomía cultural, y económica como otros países democráticos lo han asumido. En este sentido, la estructura jurídica nacional necesita avanzar en los lineamientos propios de una "política del reconocimiento", que busque fortalecer los derechos universales y diferenciados de las personas y comunidades.
Reafirmamos que los pueblos indígenas de Chile, y los mapuche en particular, sean reconocidos en su aspiración a vivir en una país multiétnico, exentos de discriminación y exclusión, donde se les reconozcan sus derechos específicos, su historia y conocimientos ancestrales, sus formas de vida y sus proyectos políticos, económicos y sociales.
Como académicos sostenemos que en este Chile del Bicentenario es fundamental que la sociedad y el Estado chileno se abra al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas porque sólo de esta manera lograremos construir una sociedad chilena efectivamente democrática, basada en la diversidad y donde la diferencia sea un valor y no un estigma negativo muchas veces basado en la discriminación.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los poderes del Estado, a los pueblos indígenas y a todas las instituciones y organizaciones civiles para que agoten todas las alternativas posibles que lleven esta situación tan extrema a buen término. Convocamos a los distintos actores a sumarse a una mesa de trabajo con el fin de encontrar puntos de acuerdo. Es hora de dialogar, está de por medio el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales consagrados en la normativa nacional e internacional.
Los académicos y académicas firmantes
Karen Alfaro Monsalves, historiadora
Andrea Aravena, antropóloga.
Álvaro Bello, antropólogo
Marcelo Berho, antropólogo
Wilma Bragado, antropóloga
Noelia Carrasco, antropóloga
Carlos del Valle, periodista
Fernando Díaz, teólogo
Carla Donoso O., antropóloga
Juan Jorge Faundes, abogado
Jaime Flores, historiador
Yanko González, antropólogo.
Debbie Guerra, antropóloga
Alejandro Herrera, antropólogo
Fabien Le Bonniec, antropólogo
Rosamel Millamán, antropólogo
Roberto Morales, antropólogo
Jorge Pinto, historiador
Maria Pia Poblete, antropóloga
Claudio Robles, historiador
Nabil Rodríguez, antropólogo.
Andrés Roldan, sociólogo
Gonzalo Saavedra, antropólogo
Ricardo Salas, filósofo
Mario Samaniego, filósofo
Lilian Sanhueza, trabajadora social
Juan Carlos Skewes, antropólogo
Maria Eugenia Solari, antropóloga
Sergio Toro, cientista político
Jorge Troncoso, antropólogo
Francisco Vega, cientista político
Guillermo Williamson, educador
José Manuel Zavala, antropólogo
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