Escrito por Hipólito Cedeño
Una de las acciones por las cuales gran parte de los trabajadores y la población pobre ve con simpatía al Gobierno de Chávez es precisamente el haberse atrevido a expropiar a algunos grupos económicos poderosos, mientras amenaza a otros con tomar dicha medida.
Esta simpatía es compartida por gran parte de la izquierda venezolana y mundial, ya que es comparada con las medidas revolucionarias adoptadas al inicio de la revolución cubana por Fidel Castro y el movimiento “26 de julio” contra las trasnacionales gringas y con las expropiaciones realizadas por los comunistas soviéticos, chinos, germanos, polacos, vietnamitas, etc. en la construcción del mal llamado “socialismo real”, hoy inexistente.
Para entender la trascendencia del tema, es necesario pasearnos brevemente por la teoría marxista, propulsora del socialismo científico, es decir, del socialismo lógica y racionalmente realizable.
Según esta teoría, derivada del estudio del desarrollo de la humanidad, sus leyes inherentes y su evolución probable, el socialismo sería el inicio de la transición hacia el comunismo o sociedad sin clases sociales, sin explotación y sin Estado como aparato de dominación de la clase que posee el poder político.
Para que esta sociedad pudiera existir, debería abolirse la propiedad privada sobre los medios de producción, de distribución y de cambio de bienes y servicios, ya que de esa propiedad privada se deriva la explotación y la distribución desigual de la riqueza social.
Es por ello que los marxistas o socialistas científicos consideraban esta primera etapa de transición, donde la clase obrera posee el poder político y lo mantiene haciendo uso del Estado contra las clases explotadoras, como una etapa de creación de las condiciones materiales, sociales y culturales para la desaparición de todo vestigio de opresión y explotación del hombre por el hombre.
Es en este marco donde se planteaba dentro del programa socialista la expropiación de los grandes medios de producción, de distribución y de cambio, que pasarían a manos del Estado Obrero en una etapa de transición, al final de la cual desaparecería el Estado y los medios de producción serían apropiados por la sociedad, en un estado de conciencia, cultura, técnica, organización y riqueza económica que permitiría administrar los recursos sin necesidad de recurrir a la violencia organizada del Estado.
Sin embargo, las expropiaciones no han sido acciones exclusivas del gobierno socialista o del Estado Obrero en transición hacia el comunismo. También el Estado Burgués o Capitalista ha recurrido a las expropiaciones cuando el interés del capitalismo como un todo ha prevalecido sobre el interés del empresario capitalista expropiado.
Es por ello que casi la totalidad de los Estados Capitalistas tienen dentro de su legislación la facultad del Estado de expropiar bienes materiales en “interés del colectivo”. Venezuela no es la excepción, teniendo esa facultad desde los tiempos cuartorrepublicanos.
Entonces, la diferencia entre un gobierno revolucionario, socialista, y otro burgués, capitalista, no está en que uno expropie y el otro no, sino en que marco se da dicha expropiación, es decir al servicio de qué clase social, de qué política expropia.
Un gobierno capitalista expropia un inmueble, propiedad privada, para construir por ejemplo la vía del ferrocarril que facilitará a todos los capitalistas transportar mercancías, insumos y materias primas de un sitio a otro, facilitándole la realización del capital. Un gobierno de este tipo no atenta contra la propiedad privada de los medios de producción, sino que la reafirma. En la expropiación reconoce el valor de mercado de la propiedad privada, aceptando así los vaivenes especulativos de los precios de venta y la apropiación por el capitalista de la riqueza generada por sus empleados. Por eso, un gobierno capitalista se cuida mucho de indemnizar al expropiado, reconocer su propiedad privada, apropiada mediante la explotación directa o indirecta.
Un gobierno socialista, en cambio, expropia como parte de un plan general estratégico, donde se declara abolida la propiedad privada de los grandes medios de producción, distribución y cambio. Pero como conoce el origen de la riqueza del capitalista, no lo indemniza, no le paga ni medio, pues el empresario se ha hecho rico explotando a los trabajadores. Además, como está al servicio de la clase trabajadora, coloca a las empresas expropiadas bajo control de sus trabajadores, organizados democráticamente y articulando dichas empresas en un plan económico nacional que busque desarrollar las fuerzas productivas, requisito indispensable para la transición a una sociedad socialista.
Por último, un gobierno socialista colocaría a las empresas expropiadas al servicio de la construcción del socialismo a nivel nacional e internacional, toda vez que el capitalismo debe derrotarse en la arena mundial para que el socialismo pueda triunfar definitivamente a nivel nacional.
El Gobierno de Chávez ha recurrido a las expropiaciones para solventar situaciones en las cuales el aparato productivo ha sido paralizado o semi-paralizado, sea por abandono del dueño, por sabotaje o por conveniencia del Gobierno o de la nación. Estas expropiaciones han sido indemnizadas a valor de mercado o por encima del mismo. Pero no se han realizado como producto de un plan económico nacional, sino según la coyuntura va presentando la necesidad.
Adicionalmente, las expropiaciones no han servido para fortalecer a los trabajadores en el seno de la industria, sino que – al contrario – han servido para disminuir sus reivindicaciones y coartar sus derechos sindicales. El control obrero democrático ha sido combatido ferozmente en cada una de estas ocasiones.
Estas fallas nos alertan sobre la verdadera condición burguesa del Gobierno de Chávez, quien, en interés del capital nacional, se está peleando con un sector capitalista que tiene fuertes nexos con el imperialismo yanqui y que por las convulsiones sociales que se han generado en el país no le queda más remedio que afrontar dichas reformas en nombre del socialismo. Como dice Chávez: “hacer la revolución pacífica para cerrarle el paso a la revolución violenta” (que traducido al español significa realizar algunas reformas para que los trabajadores no hagan la verdadera revolución y le quite el poder a la burguesía).
Pero, aun conociendo el verdadero motivo para ejecutar las expropiaciones, es un error enfrentarse a ellas, como lo han manifestado los compañeros de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) en sus publicaciones y acciones convocadas (como la marcha del 5 de febrero de 2011, que contenía dentro de sus consignas estar contra las expropiaciones).
Los compañeros manifiestan estar en contra de las expropiaciones por no ser éstas consultadas con los trabajadores de las empresas expropiadas y por generar deterioro en las reivindicaciones de los mismos. Ese fue el argumento para conformar una alianza con un sector sindical para enfrentar la expropiación de Cargill, de Agroisleña y Polar.
Si bien es cierto que dichas expropiaciones no fueron consultadas con los trabajadores, tampoco ha sido consultado con ellos la propiedad privada de esas empresas, su fundación, su conducción o el destino de la riqueza generada por los trabajadores que allí laboran. Visto así, el argumento de la expropiación inconsulta se vuelve un argumento patronal, burgués, defensor de la propiedad privada y de la explotación.
Toda expropiación es progresiva en relación a la propiedad privada de los medios de producción, porque ahorra el camino de la planificación económica cuando la clase obrera tome el poder. No es lo mismo tomar el poder y asumir el control de las empresas que estén estatizadas que tener que enfrentarse a los capitalistas de cada empresa, para expropiarlas y ponerlas a producir bajo control del Estado Obrero.
¿Por qué entonces los compañeros de USI se ponen en contra de las expropiaciones, del lado de los capitalistas expropiados o amenazados? El posible argumento de que la expropiación fortalece el régimen autoritario de quien detenta el poder y la no expropiación lo debilita embellece el papel del burgués y anula o coloca en papel secundario la acción revolucionaria de las masas obreras, laboren en empresas privadas o del Estado, con sus huelgas insurreccionales como método clásico revolucionario.
El deterioro de las reivindicaciones laborales no es un problema derivado de la expropiación, sino del carácter burgués del gobierno y del Estado, además del estado general de la economía. Debemos partir del hecho de que un sector minoritario, una aristocracia obrera goza de buenas reivindicaciones derivadas de la posición privilegiada que posee el burgués dueño de la empresa dentro de la cadena productiva y de la comercialización.
Industrias Polar posee un vasto emporio industrial que abarca alimentos y bebidas, pero el negocio redondo es sustentado con el vicio alcohólico del consumo masivo de cerveza, el cual subsana las pérdidas de cualquier otro producto.
Cargill y Agroisleña poseían un alto componente extranjero que permitía equilibrar coyunturalmente sus cuentas inyectando recursos donde al negocio le convenía mantener la paz laboral. Todas son empresas del sector agroalimentario, sector estratégico y que tenían un importante margen de beneficios.
Entonces, las mejores reivindicaciones de los trabajadores de estos sectores no son indicativo de que los empresarios de dichas empresas son más generosos que el Gobierno (como parece desprenderse de la lógica de USI), sino de la privilegiada relación costo – beneficio que dichos burgueses tienen en la economía nacional. Nuevamente los compañeros asumen posiciones propatronales, atribuyendo al empresario bondades que no posee.
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