Los ciudadanos de Israel pueden salir del país por el tiempo que quieran sin por ello perder su ciudadanía y sus derechos. Pero cuando se trata de residentes palestinos de Jerusalén oriental, Israel aplica regulaciones draconianas cuya encubierta intención es llevar a cabo la expulsión de su ciudad natal de tantos palestinos como sea posible.
Los doctores Immad Hammada y Murad Abu Khalaf son profesores de ingeniería eléctrica nacidos en Jerusalén oriental. Sus familias han vivido en la ciudad desde hace varias generaciones. Ambos se fueron hace años, cada uno por separado, para estudiar en los Estados Unidos, y después de graduarse y consolidar sus carreras quieren volver a vivir en la ciudad que los vio nacer.
Pero su derecho a reitegrarse a sus respectivas familias está siendo negado por el Ministerio del Interior. Hammada ha estado viviendo en la ciudad por unos tres años de manera ilegal, sin ningún derecho y bajo el peligro constante de ser arrestado y deportado, mientras que Abu-Khalaf tiene dificultades para regresar, ni siquiera de visita.
El juez Noam Sohlberg del Tribunal del Distrito Jerusalén debe atender sus demandas contra el ministerio de esta semana.
Los reglamentos del Ministerio del Interior prevén la derogación de los derechos de los residentes palestinos de Jerusalén que dejan la ciudad por un período de más de siete años. Los ciudadanos de Israel pueden salir del país por el tiempo que lo deseen, y su ciudadanía y sus derechos les pertenecen a perpetuidad. Pero cuando se trata de residentes palestinos de Jerusalén oriental, Israel aplica regulaciones draconianas cuya encubierta intención es llevar a cabo la expulsión de su ciudad natal de tantos palestinos como sea posible.
Esta situación es intolerable: En un momento en que el primer ministro habla con grandilocuencia de la reunificación de Jerusalén, Israel practica la desigualdad y discrimina a los residentes árabes de la ciudad. En un momento en que Benjamín Netanyahu habla de la promoción económica de los territorios, Israel impide a los residentes árabes de Jerusalén oriental que han progresado en sus carreras en el extranjero que regrese a su ciudad natal para contribuir al desarrollo de su economía. Los tornillos se han ajustado en los últimos años: en 2008 fueron derogados los derechos de residencia en la ciudad de 4.557 palestinos, el número más alto del que se tenga memoria.
Lo que le espera al juez Sohlberg ahora es mucho más que resolver el destino de dos profesores de ingeniería eléctrica, sino una cuestión de mucha mayor gravedad: la voluntad de Israel de continuar tratando a los habitantes palestinos de su capital como si fueran migrantes extranjeros cuyos derechos están condicionados.
Los derechos de los residentes palestinos de Jerusalén deben ser iguales a los de los judíos. Todos los habitantes de Jerusalén tienen el derecho a vivir en su ciudad, viajar al extranjero y regresar cuando quieran, sin ningún autoridades al acecho significan algún peligro para ellos.
La fuente: Editorial del diario israelí Haaretz (22/6/10). La traducción del inglés pertenece a Anna Der para elcorresponsal.com.
Fuente: http://www.elcorresponsal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5706
Los doctores Immad Hammada y Murad Abu Khalaf son profesores de ingeniería eléctrica nacidos en Jerusalén oriental. Sus familias han vivido en la ciudad desde hace varias generaciones. Ambos se fueron hace años, cada uno por separado, para estudiar en los Estados Unidos, y después de graduarse y consolidar sus carreras quieren volver a vivir en la ciudad que los vio nacer.
Pero su derecho a reitegrarse a sus respectivas familias está siendo negado por el Ministerio del Interior. Hammada ha estado viviendo en la ciudad por unos tres años de manera ilegal, sin ningún derecho y bajo el peligro constante de ser arrestado y deportado, mientras que Abu-Khalaf tiene dificultades para regresar, ni siquiera de visita.
El juez Noam Sohlberg del Tribunal del Distrito Jerusalén debe atender sus demandas contra el ministerio de esta semana.
Los reglamentos del Ministerio del Interior prevén la derogación de los derechos de los residentes palestinos de Jerusalén que dejan la ciudad por un período de más de siete años. Los ciudadanos de Israel pueden salir del país por el tiempo que lo deseen, y su ciudadanía y sus derechos les pertenecen a perpetuidad. Pero cuando se trata de residentes palestinos de Jerusalén oriental, Israel aplica regulaciones draconianas cuya encubierta intención es llevar a cabo la expulsión de su ciudad natal de tantos palestinos como sea posible.
Esta situación es intolerable: En un momento en que el primer ministro habla con grandilocuencia de la reunificación de Jerusalén, Israel practica la desigualdad y discrimina a los residentes árabes de la ciudad. En un momento en que Benjamín Netanyahu habla de la promoción económica de los territorios, Israel impide a los residentes árabes de Jerusalén oriental que han progresado en sus carreras en el extranjero que regrese a su ciudad natal para contribuir al desarrollo de su economía. Los tornillos se han ajustado en los últimos años: en 2008 fueron derogados los derechos de residencia en la ciudad de 4.557 palestinos, el número más alto del que se tenga memoria.
Lo que le espera al juez Sohlberg ahora es mucho más que resolver el destino de dos profesores de ingeniería eléctrica, sino una cuestión de mucha mayor gravedad: la voluntad de Israel de continuar tratando a los habitantes palestinos de su capital como si fueran migrantes extranjeros cuyos derechos están condicionados.
Los derechos de los residentes palestinos de Jerusalén deben ser iguales a los de los judíos. Todos los habitantes de Jerusalén tienen el derecho a vivir en su ciudad, viajar al extranjero y regresar cuando quieran, sin ningún autoridades al acecho significan algún peligro para ellos.
La fuente: Editorial del diario israelí Haaretz (22/6/10). La traducción del inglés pertenece a Anna Der para elcorresponsal.com.
Fuente: http://www.elcorresponsal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5706
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