Escrito por Partido de los Trabajadores ParaguayLa lucha en defensa de los derechos adquiridos de la clase trabajadora se colocó en la cresta de la ola mediante una serie de movilizaciones que la Mesa Coordinadora Sindical (MCS) viene realizando desde hace dos años por la restitución de las seis horas laborales para el funcionariado público. A fuerza de presión y ruido en la calle se logró instalar el debate sobre este tema.
Fue debido a esta presión política, a la fuerza de la organización y la movilización, además de otros cálculos oportunistas y electoreros, que los parlamentarios de partidos patronistas y antiobreros, se vieron obligados a aprobar el proyecto de ley que modifica el artículo 59 de la ley 1626. Esta fue promulgada en el año 2001 bajo el gobierno colorado de Luis González Macchi, violando una conquista básica y fundamental de las trabajadoras y trabajadores del sector público: el derecho adquirido.
Desde el PT apoyamos esta lucha pues se trata de la defensa de uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora como es el derecho adquirido, que está garantizado en la Constitución Nacional, en el Convenio 30 de la OIT y en el Código Laboral paraguayo.
Como pasa con tantos otros derechos que la lucha obrera logró imponer en la legislación burguesa, los gobiernos de turno al servicio de los capitalistas –en este caso el gobierno de Lugo-PLRA- buscan desconocerlos, violarlos o erradicarlos. Ellos reconocen derechos, pero no su ejercicio.
Esta lucha es emblemática y tiene un significado político estratégico pues, si los trabajadores y trabajadoras permitimos que nos arrebaten los derechos adquiridos, se sienta un precedente nefasto y trágico porque luego irán detrás de otros y por ende la calidad de vida del pueblo trabajador no hará más que ir empeorando. Hoy será la duración de la jornada laboral, mañana serán las vacaciones, el aguinaldo y así sucesivamente.
Es indispensable salir a defender los derechos adquiridos si pensamos en conquistar nuevas reivindicaciones.
Verdades y mentiras sobre seis horas
Fernando Lugo vetó la ley sancionada en el Congreso. Los argumentos del veto y que son, básicamente, los sostenidos por Lilian Soto, su ministra de la Función Pública, es que la jornada de seis horas no representa un derecho adquirido y que no sería correcto “privilegiar” a un sector de trabajadores.
En todo momento, tanto el gobierno como la más reaccionaria prensa masiva, los Zucolillo, Vierci, ODD, Rubín y otros, insistieron en que la ley sancionada “reducía” la jornada laboral del sector público. Sostienen un cúmulo de mentiras con el objeto de dividir a la clase trabajadora.
No existe “reducción”. Lo que hay es restitución
En primer lugar, no existe ninguna “reducción” de la jornada laboral. Lo que existe es la restitución de un derecho conculcado, la reparación un daño provocado por la ley promulgada por González Macchi que aumentaba las horas de trabajo violando derechos adquiridos.
Entonces, lo que sí existe es una imposición unilateral e injusta de aumentar dos horas más la jornada laboral (de seis a ocho horas), sin ningún tipo de retribución económica por parte del gobierno.
Existe, también, un robo fl agrante y descarado del 33 por ciento del salario de las y los trabajadores del Estado. Es harto sabido que desde hace décadas las funcionarias y funcionarios del Estado trabajan seis horas. La propia Lilian Soto, luego de negarlo y de caer en ridículas contradicciones, tuvo que reconocer que esto se reglamentó en el año 1990. ¡Y nos hablan como si siempre hubiesen trabajado 8 horas!
¿De qué privilegio hablan?
Otra falacia propalada es que el sector público por trabajar seis horas, sería un “sector privilegiado”. Sin embargo, la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores del Estado no tiene seguro médico; a lo sumo, reciben un monto de 85.000 guaraníes para que cada uno contrate su propio seguro privado ¿Es esto un privilegio? Las funcionarias y funcionarios públicos pagan el 16 por ciento de su salario para tener, muchos de ellos, una jubilación de 200.000 o 300.000 guaraníes mensuales, mientras que las y los trabajadores del sector privado sólo pagan el 9,5 por ciento al IPS.
Decenas de miles de funcionarias y funcionarios no tienen bonificación familiar y, aquellos que pudieron acceder a este derecho mediante luchas y contratos colectivos, lo tienen restringido a sólo algunos hijos. En el sector privado, se cobra el 5 por ciento sobre el salario mínimo por cada hijo, sin restricciones.
La propia Lilian Soto -que recurriendo a falsedades y manipulaciones de la información, ahora dice que sólo hay 9.500 funcionarios que no ganan el salario mínimo-, admitió a fines del año pasado que más de 40.000 trabajadoras y trabajadores no ganan el salario mínimo.
Esta contradicción de la ministra Soto, nos hace concluir que es una mentirosa y que falsea y manipula datos, lo cual le deja como una persona, y por ende una Institución como la Secretaría de la Función Pública, con total falta de seriedad. La verdad es que el sector público es uno de los más precarizados en cuanto a condiciones laborales.
Contra el desempleo, reducción de la jornada a seis horas
Los trabajadores del sector público han tomado el camino más efectivo para conquistar y hacer valer sus derechos: Las asambleas, la lucha, ganar las calles.
Con su lucha por la restitución de la jornada laboral de seis horas, colocan en el horizonte de la clase trabajadora del sector privado una nueva reivindicación: no sólo debemos luchar para que se respete la jornada laboral de ocho horas como máximo, que se sabe, es violada sistemáticamente -en la muchísimos caso se trabaja 10, 12 o 14 horas- sino avanzar hacia la conquista de la jornada laboral de seis horas, sin reducción de salario.
Esta es una medida concreta para luchar contra el desempleo creciente pues, reduciendo la jornada laboral, se podrá absorber a una inmensa cantidad de fuerza de trabajo desocupada.
La consigna contra la falta de empleo para todos los sectores asalariados debe ser: ¡Reducción de la jornada laboral a seis horas sin reducción de salarios!
No es casual la preocupación e irritación del empresariado y sus voceros ante el peligro de que esta consigna, este “mal ejemplo”, se expanda al resto de las y los trabajadores. Tampoco es casual que el gobierno de Lugo, haya vetado la ley porque él y su gobierno luchan para defender los intereses de las patronales.
En esta lucha el PT ya se ha jugado a favor de la clase trabajadora. Es preciso que las demás direcciones abandonen su luguismo y su vacilación sobre este tema y se sumen a la lucha.
Fue debido a esta presión política, a la fuerza de la organización y la movilización, además de otros cálculos oportunistas y electoreros, que los parlamentarios de partidos patronistas y antiobreros, se vieron obligados a aprobar el proyecto de ley que modifica el artículo 59 de la ley 1626. Esta fue promulgada en el año 2001 bajo el gobierno colorado de Luis González Macchi, violando una conquista básica y fundamental de las trabajadoras y trabajadores del sector público: el derecho adquirido.
Desde el PT apoyamos esta lucha pues se trata de la defensa de uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora como es el derecho adquirido, que está garantizado en la Constitución Nacional, en el Convenio 30 de la OIT y en el Código Laboral paraguayo.
Como pasa con tantos otros derechos que la lucha obrera logró imponer en la legislación burguesa, los gobiernos de turno al servicio de los capitalistas –en este caso el gobierno de Lugo-PLRA- buscan desconocerlos, violarlos o erradicarlos. Ellos reconocen derechos, pero no su ejercicio.
Esta lucha es emblemática y tiene un significado político estratégico pues, si los trabajadores y trabajadoras permitimos que nos arrebaten los derechos adquiridos, se sienta un precedente nefasto y trágico porque luego irán detrás de otros y por ende la calidad de vida del pueblo trabajador no hará más que ir empeorando. Hoy será la duración de la jornada laboral, mañana serán las vacaciones, el aguinaldo y así sucesivamente.
Es indispensable salir a defender los derechos adquiridos si pensamos en conquistar nuevas reivindicaciones.
Verdades y mentiras sobre seis horas
Fernando Lugo vetó la ley sancionada en el Congreso. Los argumentos del veto y que son, básicamente, los sostenidos por Lilian Soto, su ministra de la Función Pública, es que la jornada de seis horas no representa un derecho adquirido y que no sería correcto “privilegiar” a un sector de trabajadores.
En todo momento, tanto el gobierno como la más reaccionaria prensa masiva, los Zucolillo, Vierci, ODD, Rubín y otros, insistieron en que la ley sancionada “reducía” la jornada laboral del sector público. Sostienen un cúmulo de mentiras con el objeto de dividir a la clase trabajadora.
No existe “reducción”. Lo que hay es restitución
En primer lugar, no existe ninguna “reducción” de la jornada laboral. Lo que existe es la restitución de un derecho conculcado, la reparación un daño provocado por la ley promulgada por González Macchi que aumentaba las horas de trabajo violando derechos adquiridos.
Entonces, lo que sí existe es una imposición unilateral e injusta de aumentar dos horas más la jornada laboral (de seis a ocho horas), sin ningún tipo de retribución económica por parte del gobierno.
Existe, también, un robo fl agrante y descarado del 33 por ciento del salario de las y los trabajadores del Estado. Es harto sabido que desde hace décadas las funcionarias y funcionarios del Estado trabajan seis horas. La propia Lilian Soto, luego de negarlo y de caer en ridículas contradicciones, tuvo que reconocer que esto se reglamentó en el año 1990. ¡Y nos hablan como si siempre hubiesen trabajado 8 horas!
¿De qué privilegio hablan?
Otra falacia propalada es que el sector público por trabajar seis horas, sería un “sector privilegiado”. Sin embargo, la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores del Estado no tiene seguro médico; a lo sumo, reciben un monto de 85.000 guaraníes para que cada uno contrate su propio seguro privado ¿Es esto un privilegio? Las funcionarias y funcionarios públicos pagan el 16 por ciento de su salario para tener, muchos de ellos, una jubilación de 200.000 o 300.000 guaraníes mensuales, mientras que las y los trabajadores del sector privado sólo pagan el 9,5 por ciento al IPS.
Decenas de miles de funcionarias y funcionarios no tienen bonificación familiar y, aquellos que pudieron acceder a este derecho mediante luchas y contratos colectivos, lo tienen restringido a sólo algunos hijos. En el sector privado, se cobra el 5 por ciento sobre el salario mínimo por cada hijo, sin restricciones.
La propia Lilian Soto -que recurriendo a falsedades y manipulaciones de la información, ahora dice que sólo hay 9.500 funcionarios que no ganan el salario mínimo-, admitió a fines del año pasado que más de 40.000 trabajadoras y trabajadores no ganan el salario mínimo.
Esta contradicción de la ministra Soto, nos hace concluir que es una mentirosa y que falsea y manipula datos, lo cual le deja como una persona, y por ende una Institución como la Secretaría de la Función Pública, con total falta de seriedad. La verdad es que el sector público es uno de los más precarizados en cuanto a condiciones laborales.
Contra el desempleo, reducción de la jornada a seis horas
Los trabajadores del sector público han tomado el camino más efectivo para conquistar y hacer valer sus derechos: Las asambleas, la lucha, ganar las calles.
Con su lucha por la restitución de la jornada laboral de seis horas, colocan en el horizonte de la clase trabajadora del sector privado una nueva reivindicación: no sólo debemos luchar para que se respete la jornada laboral de ocho horas como máximo, que se sabe, es violada sistemáticamente -en la muchísimos caso se trabaja 10, 12 o 14 horas- sino avanzar hacia la conquista de la jornada laboral de seis horas, sin reducción de salario.
Esta es una medida concreta para luchar contra el desempleo creciente pues, reduciendo la jornada laboral, se podrá absorber a una inmensa cantidad de fuerza de trabajo desocupada.
La consigna contra la falta de empleo para todos los sectores asalariados debe ser: ¡Reducción de la jornada laboral a seis horas sin reducción de salarios!
No es casual la preocupación e irritación del empresariado y sus voceros ante el peligro de que esta consigna, este “mal ejemplo”, se expanda al resto de las y los trabajadores. Tampoco es casual que el gobierno de Lugo, haya vetado la ley porque él y su gobierno luchan para defender los intereses de las patronales.
En esta lucha el PT ya se ha jugado a favor de la clase trabajadora. Es preciso que las demás direcciones abandonen su luguismo y su vacilación sobre este tema y se sumen a la lucha.
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