Chile: Tercera declaración pública de historiadores en solidaridad con el Pueblo Mapuche

Los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más, en la obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de
sus tierras ancestrales, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.
En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las
comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.
En segundo lugar, los mapuche son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y
vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de “pruebas” incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Ramírez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.
Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en torno a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativos muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.
Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y
reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.

Santiago, 1 de septiembre de 2010.

LISTA DE FIRMANTES AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director Magíster de Historia Universidad de Santiago de Chile.
Josep Fontana, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalunya.
Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de la Frontera, Temuco.
Florencia E. Mallon, University of Wisconsin, Estados Unidos.
Julio Pinto Vallejos, Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
Sergio Caniuqueo Huircapan, Comunidad de Historiadores Mapuche.
Mario Garcés Durán, Universidad Santiago de Chile, Director ECO Comunicaciones.
Verónica Valdivia, Universidad Diego Portales.
Alberto Díaz Araya, Jefe Carrera de Historia y Geografía Universidad de Tarapacá, Arica.
Nelson Castro Flores, Jefe Carrera de Pedagogía y Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Universidad
de Viña del Mar y profesor de la Universidad de Valparaíso.
Alexis Meza Sánchez, Vicerrector Académico Universidad ARCIS.
Claudio Barrientos, Director Escuela de Historia Universidad Diego Portales.
Luis Castro C., Director Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso.
Pedro Rosas Aravena, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.
Rodrigo Ruz Zagal, Jefe Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica.
Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH) de la
Universidad de Los Lagos.
Carlos Gutiérrez P., Director Centro de Estudios Estratégicos.
Carlos Molina Bustos, Ministerio de Salud, responsable de la investigación histórica de la Unidad de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, Chile.
Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile.
Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(ADHILAC) y profesor de la Universidad de La Habana.
Juan Guillermo Muñoz Correa, Universidad de Santiago de Chile.
Pedro Bravo Elizondo, Wichita State University, Kansas, Estados Unidos.
Ramiro Molina Cedeño. Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
Francisco Peña Torres, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne, Francia.
Carlos Contreras Painemal, Frei Universitaat, Berlín, Alemania.
Jorge Magasich, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.
José del Pozo, Université de Québec à Montreal, Canadá.
Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.
Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.
Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.
María Olga Ruiz Cabello, Universidad de Chile.
Claudia Zapata, Universidad de Chile.
Marcela A. E. Cubillos Poblete, Universidad de La Serena.
Miguel Urrutia, Universidad de Chile.
Patricio Rivera Olguín, Universidad Arturo Prat, Iquique.
Rodrigo Sánchez Edmonson, Universidad de Chile.
Enrique Fernández Darraz, Universidad Alberto Hurtado.
Jaime Massardo, Universidad de Valparaíso.