Ecuador: Ante los hechos del 30 de Septiembre

Escrito por MAS - Ecuador   (LIT-CI)

Lunes 04 de Octubre de 2010

 

Frente a los hechos ocurridos en el país el 30 de septiembre, cuando se produjo una revuelta de las tropas policiales, con un lamentable resultado de pérdidas humanas, el MAS manifiesta los siguientes planteamientos:

1. Nuestro rechazo a cualquier golpe de estado promovido por los grupos más reaccionarios de la burguesía, la derecha y las agencias de inteligencia de los países imperialistas, como ha ocurrido muchas veces en diversos países latinoamericanos. Los casos más recientes son los de Venezuela y Honduras.

       

2.  Sin embargo, consideramos que lo ocurrido en el Ecuador el día 30 de septiembre no presenta las características de un golpe de Estado. Lo que ocurrió es una sublevación corporativista de una institución represiva del estado en contra de la imposición de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, que suprime beneficios económicos al conjunto de trabajadores de dicho sector y en el caso de policías y militares les reduce bonificaciones y condecoraciones. Consideramos que existe un golpe de estado cuando algún sector político o social reivindica la salida de un gobernante para sustituirlo por otro, en esta dinámica juega un papel importante el apoyo de las FFAA. En el caso ecuatoriano no hubo ninguna fuerza política o social que planteara la destitución de Correa y su reemplazo por otra persona. La cúpula de la policía manifestó su apoyo irrestricto a Correa ya que en los años del gobierno esta institución ha recibido grandes privilegios e impunidad, tanto es así que los casos investigados por la comisión de la verdad no se han podido judicializar.

El triunvirato no fue planteado por la cúpula policial ni tampoco por la militar. Al contrario, prácticamente todos los grupos políticos de la derecha y numerosos movimientos sociales e instituciones, se pronunciaron en contra del supuesto “golpe de estado” y a favor de la “democracia”. De igual manera, a nivel internacional, hubo un pronunciamiento unánime de los gobiernos, incluido el imperialismo  norteamericano, y de los organismos internacionales como la OEA y la UNASUR, apoyando a Correa y a la vigencia del “estado de derecho”. Un sector claramente minoritario de la policía y de las fuerzas armadas que reivindican a Lucio Gutiérrez intentó pescar a rio revuelto, pero la correlación de fuerzas les fue totalmente  desfavorable. Es decir no existen condiciones ni internas ni externas para que se concluya que hubo un intento de golpe de estado, por el contrario se trata de un discurso montado por el gobierno, aprovechándose de la situación, para legitimarse.

3. Consideramos que los hechos ocurridos son producto de un proceso político marcado por el bonapartismo autoritario del gobierno, son una expresión tergiversada del descontento popular, que se da por la imposición de las leyes que recortan derechos democráticos a los trabajadores públicos, a los campesinos, a las universidades y que se extienden, sin un cálculo político previo del oficialismo, a los aparatos represivos del estado la policía y las fuerzas armadas. Desde que fue aprobada la nueva Constitución  se ha iniciado la reestructuración jurídica política del Estado burgués con la imposición-aprobación de una serie de leyes. Una de las más polémicas fue la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea a comienzos del 2009 que da paso a la minería a gran escala por parte de las transnacionales y que provocó la protesta del movimiento indígena, campesino y de numerosos grupos sociales y ecologistas debido a que afecta al medio ambiente y a las poblaciones que habitan las zonas aledañas donde se realizará la explotación minera. Sin embargo, el gobierno la impuso, cayendo en contradicción con los artículos constitucionales que defienden los derechos de la naturaleza y el sumak kausay (buen vivir) y confirma la continuación del modelo extractivista semicolonial, al punto de querer convertir al Ecuador en el quinto exportador de cobre a nivel mundial. Luego se trató de imponer la polémica Ley del Agua, pero el gobierno se vio obligado a archivarla por la resistencia del movimiento indígena y campesino. A continuación vino la Ley de Hidrocarburos, aprobada por el ministerio de la ley, sin discusión alguna en la Asamblea Nacional, que abre la posibilidad de entregar los recursos petroleros del país a través de la figura de asociarse con las empresas nacionales de otros países, como ocurre con el campo Sacha entregado a PDVSA. Con la Ley de Planificación busca legalizar un agresivo endeudamiento externo (sobretodo con China) que le permita cubrir el déficit presupuestario y realizar algunos proyectos para consolidar su imagen.

4. En este último periodo el gobierno ejerció su facultad de veto sobre tres polémicas leyes: Ley de Educación Superior (LOES), el Código Territorial (COOTAD) y la Ley de Servicio Público LOSEP que fue el detonante de la insubordinación policial. Estos vetos una vez más entraran por el ministerio de la ley, pisoteando la propia democracia burguesa, debido a que el domingo 03 de octubre se cumplió el plazo para ser discutidas en la Asamblea.

En el caso de la LOES atenta contra principios básicos de la universidad como la autonomía y el cogobierno estudiantil. El COOTAD abre la posibilidad de que los municipios incrementen impuestos y tasas a la población, y de que se privaticen la educación y la salud. La Ley de Servicio Público LOSEP irrespeta el derecho a la jubilación y pretende enviar a la desocupación a miles de servidores públicos. En todos los casos se percibe un afán de control del ejecutivo que vulnera los derechos democráticos del sistema; además se desconoce los acuerdos entre los sectores sociales involucrados y la Asamblea Nacional. Es por ello que se ha producido un flujo de movilizaciones y actos de protesta contra la imposición de estas leyes por parte de los sectores sociales afectados. Han sido particularmente significativas las movilizaciones protagonizadas por las universidades, los maestros y los servidores públicos realizadas en las últimas semanas.

5. Frente a esto el régimen estaba experimentando un desgaste por la aprobación de las últimas leyes que provocaron que importantes sectores empezaran a movilizarse. Las más importantes instituciones del estado, como la Asamblea Nacional, el sector judicial (recordemos el escándalo en que estuvo involucrado el Fiscal Pesántez, miles de delitos que quedan en la impunidad) y el propio ejecutivo por sus actitudes bonapartistas y autoritarias, con su pedido de amnistía a Alberto Dahik, inculpado por graves delitos de corrupción en el gobierno de Sixto Duran Ballén, experimentaban una caída de popularidad y configuraban una crisis del régimen. El empantanamiento jurídico en la Asamblea llegó a tal nivel de contradicción, que inclusive algunos de los propios miembros del bloque gobiernista tenían reparos con el ejecutivo, por lo que Correa planteó disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones para la presidencia y la Asamblea Nacional con la “muerte cruzada”.

6. La maniobra del “golpe de estado” ha permitido al gobierno salir airoso de la crisis, al menos por el momento. Correa proyecta una figura de víctima, pero a la vez de héroe por su “valentía y decisión”, que concita el apoyo popular. La oposición de derecha (sobretodo Lucio Gutiérrez y la Sociedad Patriótica) queda deslegitimada por la acusación de golpismo. Igual ocurre con la débil oposición de  izquierda (Pachakútik y MPD que aparecen como los “infantiles” que le hacen el juego a la derecha). También neutraliza a los más críticos de su propio movimiento y los somete a la disciplina partidaria. El gobierno asume la reestructuración de la Policía con plena legitimidad. En definitiva, el gobierno busca revertir la crisis del régimen y avanzar en su proyecto de reestructuración jurídica del Estado, del que se favorecen, en mayor medida, sectores emergentes de la burguesía nacional e internacional, y en menor medida los sectores más pobres de la población a través de las concesiones (bonos, créditos, subsidios, regalías, etc.) bajo la imposición de las controvertidas leyes consideradas prioritarias y de “carácter urgente”. Posiblemente ya no necesitará de la “muerte cruzada” que implicaba un alto riesgo político.

7. El discurso del “golpe de estado” generó una falsa polarización a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, como nunca antes la secretaria de comunicación del estado orquestó toda una campaña mediática a través de los medios de comunicación controlados por el gobierno llamando a defender la “democracia”, con la participación de las instituciones y personajes mas recalcitrantes de la burguesía como las cámaras de comercio y el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot entre otros personajes. Es así como el aparato gobiernista busca movilizar a las masas en respaldo a Correa para justificar y hacer aceptable para ellas el carácter bonapartista y totalitario del gobierno en la aprobación de las leyes. Gran parte de la izquierda mundial se ha sumado al apoyo al gobierno dejándose llevar por el discurso del presidente y sus acólitos.

8. Por otro lado las contradicciones estructurales que son la base de las confrontaciones se mantienen, el salario básico permanece en $240, mientras la canasta básica bordea los $500, el desempleo alcanza el 7.7%, el subempleo bordea el 51%, es decir de cada 10 ecuatorianos en edad activa, apenas 4 tienen empleo formal mientras la banca sigue obteniendo enormes utilidades, en el año 2009, años de la crisis, recibió utilidades del 13%, lo mismo podemos decir de los grupos importadores de agroquímicos, comercializadoras de alimentos que han obtenido enormes utilidades por las políticas gubernamentales.

9. El MAS lamenta la pérdida de vidas humanas en el 30 de septiembre, así como el drama de los numerosos heridos a consecuencia de la irresponsable acción policial y del gobierno que son parte del Estado burgués. Considera que no fue prudente ni ponderada la actitud de Correa al acudir al cuartel del Regimiento Quito a confrontar con la tropa sublevada, que concluyó con el trágico operativo del rescate militar y de las fuerzas de élite de la propia policía.

10. Por ultimo consideramos que existe la posibilidad cierta que el gobierno profundice su carácter represivo y bonapartista a pretexto de un nuevo “golpe de estado” y restringa ciertas libertades democráticas como lo ha hecho con el estado de excepción por lo que hacemos un llamado a la clase trabajadora, a la izquierda mundial y a los movimientos sociales que han sido afectados por las políticas y las leyes del régimen bonapartista de Correa, así como por la criminalización de las luchas y la persecución a los dirigentes populares, a unir sus fuerzas en torno a una plataforma común de lucha y mantener una actitud de independencia, que nos permita exigir al gobierno un auténtico proceso de transformación de las condiciones de injusticia social, desempleo, discriminación y falta de derechos que afectan a la mayoría de los trabajadores y demás sectores populares en el Ecuador.

¡A parar las leyes del gobierno con movilización!

¡Alto a la criminalización de la lucha Popular!¡Defendamos la organización popular!

¡Reforma agraria! ¡Tierra para quienes la trabajan!

¡Fuera transnacionales mineras del país!

¡A construir los Parlamentos Plurinacionales, Obreros y Populares!