El día 30 de Septiembre en Ecuador, varios centenares de policías tomaron los principales cuarteles en Quito, contra la nueva Ley del Servicio Público (LOSEP) que les retira derechos de bonificaciones y condecoraciones. Esta acción se esparció a otros cuarteles en varías ciudades.
Un sector minoritario de las Fuerzas Armadas adhirió a la revuelta aunque por poco tiempo y un grupo de militares de la Fuerza Aérea tomó el aeropuerto de Quito que estuvo varias horas cerrado durante ese día.
Frente a estas protestas el presidente Correa fue directamente al cuartel de la policía de Quito y en una actitud desafiante acusó los policías de conspiradores y traidores, habiendo sido alcanzado con gas lacrimógeno por los policías insubordinados. En consecuencia, el presidente fue llevado para dentro del hospital de la policía en el interior del cuartel donde permaneció largas horas.
El presidente afirmó que estaba siendo blanco de un golpe de estado. Su permanencia en el Hospital fue anunciada como un secuestro del presidente. Dentro del Hospital el presidente mantuvo negociaciones con los policías y ya había acordado su salida del cuartel. A la vez, fue montado un operativo por el ejército y fuerzas especiales para sacar al presidente del Hospital, lo que llevó a enfrentamientos con los policías. El presidente Correa salió del hospital, alertó contra los golpistas, anunció firmeza y castigo a los policías revoltosos. La calma volvió a Ecuador.
Una revuelta policial, no un golpe
Está en la memoria de los trabajadores de América Latina que en décadas pasadas el imperialismo utilizó el método de los golpes de estado para garantizar sus intereses en la región. Miles de trabajadores, activistas y militantes perdieron su vida por golpes de estado, que impusieron dictaduras sangrientas. Contra un golpe militar seríamos los primeros en llamar a la movilización democrática en las calles. Sin embargo, no pensamos que este sea el caso de lo que ocurrió en Ecuador el pasado día 30 de Septiembre. Dos aspectos centrales nos llevan a afirmar que no existió un golpe en Ecuador.
En primer lugar, ni la cúpula militar y ni la cúpula de la policía estuvieron apoyando las movilizaciones de los revoltosos, siendo desde el principio fieles al gobierno. Por el contrario, las protestas de los policías que incendiaron el país el día 30 de Septiembre, habían sido llevadas a cabo por los bajos y medianos mandos de la policía, contra la voluntad de sus dirigentes jerárquicos.
En segundo lugar, no existía ninguna dirección – ni siquiera la de los policías revoltosos – que reclamase la destitución del presidente. Los policías reclamaban la revocación de la ley de servicio público, pero no destitución del presidente por la fuerza. Por otro lado, todos representantes del estado burgués y de la burguesía se pronunciaron contra el presunto golpe y por la defensa de la “democracia”. Tanto las instituciones políticas como militares del estado burgués, mostraron su apoyo a Correa. La mayor expresión de eso es que el estado de excepción es una medida que da poderes excepcionales al Presidente para legislar por decreto y más fuerza al ejército para intervenir. Sin embargo, el estado de excepción fue impuesto por el gobierno (y no por los policías), apoyado en los militares que estaban con el gobierno desde el comienzo. Además, durante todas las operaciones (inclusive desde dentro del hospital), Correa mantuvo el mando del gobierno y del país, comunicándose libremente con el exterior.
Además, fueron los propios militares los que sacaron a Correa del Hospital donde estaba ingresado (para ser tratado por médicos). Fueron las fuerzas especiales de la policía los que liberaron al Presidente de su presunto secuestro, en una acción innecesaria pues ya estaba acordada su salida del Hospital.
Por último, es de subrayar que Correa tuvo desde lo inicio el respaldo no sólo de los gobiernos “progresistas” con quienes se relaciona más próximamente como Chávez o Evo Morales, sino también de los gobiernos más de derecha de América Latina como Chile, Colombia o Perú, habiendo llegado los países fronterizos a cerrar las fronteras. Por último, tanto la UNASUR como la OEA y ONU salieron en defensa del Presidente Correa y de la legalidad democrática. La embajadora de EE UU hizo declaraciones en el mismo sentido, al igual que otros países imperialistas como España. Por ello el presunto golpe contra Correa sería extremadamente raro, pues tendría contra sí desde el principal país imperialista hasta a los gobiernos “progresistas”.
Una protesta contra los ataques de Correa a los trabajadores públicos
Esta protesta policial no puede ser entendida como un acto aislado. Por lo contrario es una expresión distorsionada del descontento popular, que se da por la imposición de leyes que recortan derechos a los trabajadores y también a la policía.
Por ello, lo que hace explotar la actual situación es la aprobación de la Ley del Servicio Público LOSEP, que reduce derechos a los trabajadores públicos. En el caso de la policía, recorta directamente las bonificaciones y condecoraciones, lo que llevó a la reivindicación de exigir la revocación de la ley.
Esta protesta se da en el contexto de un desgaste más general de varios sectores con las políticas y leyes aprobadas por el Gobierno de Correa como los estudiantes con la LOES, los indígenas y campesinos con la Ley de la Minería y de los trabajadores públicos con la Ley del Servicio Público.
Esta sublevación de los policías fue, como no podría dejar de serlo, utilizada por un sector de la oposición, dirigido por Lucio Gutiérrez, para ganar espacio contra Correa.
El descontento frente a la Ley del Servicio Público tuvo además reflejos en el proceso de votación en la Asamblea. El Presidente Correa no consiguió, por ejemplo, que los asembleistas de Alianza País (movimiento dirigido por Correa) aceptasen la ley tal como fue presentada por el presidente y votasen contra la propuesta de que los trabajadores se jubilen a los 70 años.
Correa usa la amenaza de golpe para continuar a atacar los trabajadores
Todos estos elementos conforman un creciente desgaste del régimen y del gobierno de Correa ante la reciente aprobación de las leyes de enseñanza superior (LOES) o la de hidrocarburos. En el caso de otras leyes el presidente no consiguió que fuesen aprobadas, como fue el caso de la Ley de la Comunicación o la Ley del Agua que tuvo que ser archivadas por la resistencia indígena.
Todo este panorama ha provocado la bronca de importantes sectores de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, servidores públicos que se empezaban a movilizar. Además, algunos de los propios miembros del bloque gobiernista empezaron a cuestionar algunos aspectos de las leyes señaladas. Las más importantes instituciones del estado, como la Asamblea, el sector judicial (recordemos el escándalo en que estuvo involucrado el Fiscal Pesántez, miles de delitos que quedan en la impunidad) y el propio ejecutivo por sus actitudes claramente autoritarias, experimentan una caída de su popularidad y configuran una crisis del régimen.
Frente a esta situación, incluso antes de los acontecimientos del día 30 de Septiembre, el gobierno ya había lanzado la posibilidad de decretar el mecanismo constitucional de “muerte cruzada” que le permite disolver la Asamblea y convocar nuevos comicios. Es decir, utilización de medidas autoritarias para conseguir llevar a cabo su política antiobrera, garantizando así mejores condiciones para los intereses imperialistas en la región.
La asociación de las movilizaciones de la policía a un intento de golpe sirve así plenamente a las necesidades del gobierno Correa, es decir, de tener más mano dura para avanzar contra los trabajadores. El discurso del golpe y su resolución le permiten así salir más fortalecido – después de diversas manifestaciones nacionales en su apoyo – y desprestigiar a la oposición de derecha e izquierda. Le permite además justificar varias medidas autoritarias que habían ayudado a disciplinar diversos sectores a su política. Neutraliza a los más críticos de su propio movimiento y los somete a la disciplina partidaria. El gobierno asumirá la reestructuración de la Policía con plena legitimidad, a más de que esta institución tiene una mala imagen ante amplios sectores de la ciudadanía por su corrupción y sus abusos contra los derechos humanos. En definitiva, el gobierno busca revertir la crisis del régimen y avanzar en su proyecto de reestructuración jurídica del Estado a través de la imposición de las controvertidas leyes consideradas prioritarias. Posiblemente ya no necesitará de la “muerte cruzada” que implicaba un alto riesgo político.
La mayoría de la izquierda capitula la Correa
La CONAIE, principal organización indígena de Ecuador, y otros sectores políticos de izquierda como el MPD habían denunciado la maniobra del gobierno Correa. Sin embargo, a pesar de los diversos datos apuntando para la no existencia de un golpe, la amplia mayoría de la izquierda a nivel internacional apoyó Correa contra el “supuesto” intento de golpe.
Con esto, la amplia mayoría de las organizaciones no hizo más que apoyar directamente el gobierno burgués de Correa que ataca los trabajadores para mejor garantizar los intereses del imperialismo en la región. Las manifestaciones contra el presunto golpe, no fueron más que maniobras de distracción para lo que está realmente pasando en Ecuador y en muchos otros países dirigidos por supuestos gobiernos “progresistas” que gobiernan para las burguesías contra los trabajadores.
Para conseguir la aplicación de sus leyes al servicio de los intereses del imperialismo, Correa ya había recientemente reprimido las movilizaciones indígenas y campesinas antimineras y en contra de la Ley de los hidrocarburos que están siendo entregados a la explotación de las multinacionales. Esta política de la mayoría de la izquierda de apoyo a cualquier llamado de movilización contra el presunto golpe desarma la clase trabajadora contra las medidas antidemocráticas y la represión que el gobierno de Correa lleva a cabo para implementar sus políticas. Por ello estamos contra cualquier castigo a los policías que se movilizaron, puesto que sólo sería una medida más del gobierno para cercenar la libertad de protesta y contestación.
Sin embargo, la capitulación a estos gobiernos desarma también a los trabajadores y los pueblos para luchar contra la verdadera política del imperialismo, de rapiña de los recursos naturales y explotación cada vez mayor de los pueblos de América Latina, que es llevada a cabo por gobiernos como de Correa, Evo Morales, Lula, etc. Cuando Chávez y Evo Morales acusan a los EE UU por el presunto golpe están en la verdad escondiendo la sumisión de Correa y de sus gobiernos a los intereses del imperialismo.
La gran amenaza para los trabajadores y el pueblo de Ecuador hoy es el gobierno Correa
Nosotros estamos contra los golpes militares, pues defendemos las más amplias libertades democráticas para que la clase trabajadora y la población pobre puedan llevar a cabo las más amplias luchas para derrumbar el capitalismo.
Sin embargo, la gran amenaza hoy a las libertades democráticas de los trabajadores es el gobierno Correa por la represión que lleva a cabo contra los trabajadores y las medidas autoritarias de gobernar por decreto y por veto cuando no consigue lo que le interesa en la Asamblea. Las medidas autoritarias del gobierno son una necesidad de su política de sumisión al imperialismo y de ataque a los trabajadores.
Por ello estamos contra cualquier apoyo a Correa y nos recusamos a participar de cualquier frente para defender a este gobierno de una amenaza de golpe que no existe. Defendemos también la total independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores frente al gobierno como la única forma de impulsar una amplia movilización que pueda derrotar estas leyes antiobreras y autoritarias.
Secretariado Internacional
Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)
São Paulo 4 de Octubre de 2010
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